Conflicto en Chiapas

La guerra de baja intensidad 

El año 1995 comenzó con gran tensión y la amenaza de reanudación de hostilidades entre el gobierno y el grupo armado. El 1 de enero, el subcomandante Marcos emitió la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, proponiendo un Movimiento para la Liberación Nacional, y el 6 extendió unilateralmente la tregua militar. Poco después, Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación, se reunió con la dirigencia del EZLN para buscar una solución negociada al conflicto.

La tregua se rompió el 9 de febrero, cuando el presidente Zedillo denunció en televisión que el EZLN preparaba actos de violencia y anunció el descubrimiento de almacenes clandestinos en Ciudad de México y Veracruz, lo que llevó a la identificación y orden de captura de varios líderes del EZLN, incluyendo a Rafael Sebastián Guillén Vicente (alias Marcos).

El anuncio generó protestas contra el presidente. A partir del 14 de febrero, el gobierno federal renovó su disposición al diálogo, instó al EZLN a optar por la vía política y propuso una Ley de Amnistía para quienes depusieran las armas. El gobernador de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, solicitó licencia para dejar su cargo.

Pese a estos esfuerzos, el 19 de febrero se produjo un enfrentamiento en San Cristóbal de Las Casas entre simpatizantes y opositores del obispo Samuel Ruiz. Los llamados coletos exigieron su renuncia a la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y su salida de la diócesis, evidenciando la persistente complejidad del conflicto.

Los acuerdos de San Andrés Larráinzar 

Tras múltiples rondas de negociación entre el gobierno y el EZ.N, se formalizaron el 16 de febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar los Acuerdos sobre Derecho y Cultura Indígena, bajo la mediación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Esta comisión, compuesta por representantes del Poder Legislativo Federal y la CONAI, se comprometió a diseñar un nuevo "marco constitucional de autonomía" que reconociera los derechos de los pueblos indígenas.

Entre los derechos acordados se incluyen:

a) El derecho al uso, promoción y desarrollo de sus lenguas, culturas, costumbres, tradiciones, así como sus aspectos políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales.

b) La facultad de practicar, ejercer y desarrollar sus propias formas de organización política, económica y social.

c) La gestión y aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios, según lo establecido en los Artículos 13.2 y 14 del Convenio 169 de la OIT, mediante los órganos de gobierno o administración que establezcan, con excepción de los recursos estratégicos y aquellos de dominio exclusivo nacional.

No obstante, divergencias significativas entorpecieron las negociaciones y durante todo 1997 se debatió intensamente sobre los Acuerdos de San Andrés Larráinzar sin alcanzar una solución definitiva. El 8 de septiembre, más de mil miembros del EZLN iniciaron una marcha motorizada hacia la capital del país, respaldados por una gran cantidad de simpatizantes, mientras que el gobierno mantuvo su postura de rechazar la iniciativa presentada por la Cocopa.

Te invitamos a observar este video acerca de los acuerdos de San Andrés Larráinzar:

Violencia

Desde mayo de 1997, el municipio de Chenalhó, en Chiapas, ha sido escenario de una escalada de violencia que ha dejado una profunda huella. Un grupo armado perpetró el asesinato de cuatro personas, secuestró a otra e incendió varias casas en diferentes ejidos, lo que llevó al desplazamiento de más de mil residentes por temor a nuevas agresiones.

En las elecciones de julio de ese mismo año, el PRI ganó en Chenalhó, una victoria significativa en un bastión tradicional del EZLN. Sin embargo, el grupo armado, inconforme con los resultados, estableció un concejo municipal autónomo, exacerbando las tensiones entre los priistas y los simpatizantes del movimiento zapatista.

El 22 de diciembre, ocurrió la trágica emboscada y asesinato de miembros del grupo de Las Abejas en la comunidad de Acteal. Esta masacre, atribuida a un grupo con vínculos al PRI, cobró la vida de 45 indígenas tzotziles, incluyendo mujeres embarazadas y niños que se habían refugiado en un templo.

La atrocidad de Acteal provocó una indignación intensa tanto dentro como fuera del país. El EZLN denunció que el gobierno había ordenado la masacre como parte de una estrategia de "guerra de baja intensidad" contra los zapatistas. Al día siguiente, el presidente Zedillo condenó el acto de violencia y ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación exhaustiva y la persecución de los responsables. En pocos días, más de 40 presuntos perpetradores fueron detenidos, incluyendo al presidente municipal priista de Chenalhó, acusado de apoyar a los autores intelectuales de la masacre.